Con el fin de evitar el fraude y blanqueo de capitales, la ley Antifraude no permite pagar en efectivo transacciones mayores de 2.500 euros. El objetivo es que quede un registro de la cantidad emitida, así como del emisor y destinatario del dinero.
Se consideran dinero en efectivo, los pagos en metálico y los cheques bancarios al portador.
El límite de pagos en efectivo entró en vigor en el año 2012 cuando se aprobó la Ley 7/2012 de 29 de octubre. Esta norma prohíbe realizar pagos en efectivo superiores a 2.500 euros, siempre y cuando una de las partes intervinientes sea un profesional o una empresa.
¿Y qué consecuencias hay si no se cumple esta normativa? Si decidimos saltarnos esta norma, nos enfrentaremos a una multa del 25% del valor de la transacción. Además, Hacienda puede “exigir el abono de la sanción tanto al pagador, como al comprador, como a ambos”.